Responsabilidad Abogado

La ética es el valor más preciado del abogado. Al prestar su juramento, el abogado queda obligado al respeto de unas estrictas normas deontológicas bajo la supervisión del colegio de abogados, al que se confía la garantía del respeto a la dignidad, integridad y lealtad de la profesión, así como del respeto al secreto profesional, al comportamiento leal y a la superación de conflictos de intereses entre él y su cliente.

Cada día más abogados en España, toman su trabajo muy… a la ligera. Se olvidan de que ellos tienen que representar los asuntos de sus clientes, cuidar sus criterios y solamente defender los intereses de sus mandantes.

Desafortunadamente en muchos casos la realidad es así de cruda:

Existe una falta de interés en el caso: Consultas incorrectas, carencia de información,  omisión de los plazos, buscar pleitos (no justiciables) para producir costes,  acuerdos entre los abogados con la otra parte perjudicando su cliente, amistades con jueces u otros administraciones para no conseguir los derechos de su cliente, (también se llama corrupción o traición del partido), desde nuestra experiencia conocemos innumerables engaños y estafas.

El abogado debe tener en gran estima sus principios deontológicos. La inobservancia de las normas éticas reduce la confianza del público en la profesión y también,  inevitablemente, el respeto a las normas de derecho. El motivo básico de esta profesión puede ser resumido en estos cuatro conceptos: dignidad, integridad, secreto profesional e independencia.

Existen tres tipos de responsabilidad en los que puede incurrir el abogado (también la responsabilidad de los despachos colectivos): la responsabilidad civil, prevista para el resarcimiento económico de los daños y perjuicios que la conducta del abogado haya podido provocar en el patrimonio del cliente; la responsabilidad penal, derivada del delito que en su actuación profesional haya podido incurrir y que puede comportar además responsabilidad civil dimanada de ese delito y, finalmente, la responsabilidad administrativa, que se traduce en la imposición de sanciones y condenas ya sea por parte de los colegios profesionales, ya por parte de los juzgados y tribunales.

Así, el art. 442.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: “Los abogados y procuradores están sujetos en el ejerciciode su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria,según proceda.” También existen – entre otras –  amplios artículos en el Código Penal en caso de situación que pueda entenderse como conducta impropia.


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