Prevaricación Administrativa

Del latin “ad-ministrare”, que significa servir al pueblo o ciudadano

El delito de prevaricación administrativa cometido por funcionario público (administración como un ministerio, policía  municipales, funcionarios y/o empleados de los ayuntamientos, comunidades, consejales, alcaldes, etc.) en su cargo, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, se caracteriza por ser un delito de naturaleza especial propia, puesto que el sujeto activo ha de ser un funcionario público, con la amplitud que a este concepto, en el que se incluye el de autoridad, atribuye en los artículos del citado Código, al comprender en él a toda persona que participe del ejercicio de funciones públicas, bien por disposición inmediata de la ley, bien por elección o nombramiento de la autoridad competente.

Resolución contraria a Derecho: El funcionario o autoridad debe haber dictado una resolución que se repute contraria a derecho, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento administrativo, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder.

Es decir la prevaricación administrativa es un delito que consiste en que una autoridad u otro funcionario público en su cargo dicten una ordenanza, advertencia, orden o decisión arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Dicha actuación también es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal y disciplinaria, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.

En cualquier caso, una de las bases del Estado de Derecho – como se llama España – es, precisamente, la confianza en la imparcialidad administrativa, que puede verse en la obligación de condenar a uno o varios funcionarios, por elevado que sea su rango.

El abuso de poder o autoridad es la principal fuente de la maldad moral y de la corrupción moral. Entendemos al abuso de autoridad como todo acto del funcionario que se excede en sus atribuciones o facultades respecto a particulares o casos públicos.


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