Violencia de género

Es realmente inconcebible que ya en democracia se viviese en España de espaldas a numerosas Convenciones y Resoluciones de Organismos internacionales que desde los años ochenta venían reconociendo que la violencia contra la mujer se había generalizado y debía ser urgentemente eliminada.

Hubo de esperarse, pese a ser tal violencia una causa de muerte tan importante como el cáncer y conocerse el sufrimiento y abandono de las mujeres maltratadas, hasta la Ley 27/2003, de 31 de julio, para que se autorizase a los Jueces de Instrucción a dictar ordenes de protección a favor de las víctimas de la violencia doméstica -art. 544 ter Ley de Enjuiciamiento Criminal-, la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que modificó determinados preceptos del Código Penal y básicamente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección contra la violencia de género, que busca terminar radicalmente con la agresión del hombre sobre la mujer.

Son muchas las cuestiones de inconstitucionalidad que la misma ha suscitado en relación:

Con la redacción del art. 153.1 del Código Penal, en el concreto inciso de causar un menoscabo psíquico o lesión no definidos como delito o golpear o maltratar de obra sin causarle lesión a quien sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Y con el art. 174.4 CP, que penaliza a quien de modo leve amenace a la que sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o a persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

En la anterior redacción del art. 153 CP por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, se plantearon igualmente cuestiones de inconstitucionalidad al entenderse lesionado el principio de proporcionalidad de las penas, por castigarse como delito unos hechos que cometidos fuera del ámbito familiar constituirían unas simples faltas, considerándolas el Tribunal Constitucional “notoriamente infundadas” porque el precepto penal perseguía preservar unos bienes dignos de protección y encontrarse la pena fijada dentro del margen de libertad del legislador en materia de tanta repercusión como es la violencia domestica.

No obstante el profuso cambio legislativo demuestra que no se ha acertado en la resolución del problema, de ahí que se vengan modificando las mediadas adoptadas y abunden igualmente criterios enfrentados entre los propios jueces que han de aplicar las mismas normas. Nadie justifica violencia alguna sobre la mujer, pero viene oyéndose cada vez con más intensidad el abuso que parece estar haciéndose de unas leyes que claramente le favorecen.

Frente a ello hay que recordar dos principios trascendentales:

  • El de la intervención última del Derecho Penal, lo que quiere decir que solo ha de acudirse a él cuando los otros mecanismos de reacción hayan fracasado.
  • El del derecho penal del hecho, que no puede mutar hacia el derecho penal de autor -propio entre otros del nacionalsocialismo alemán-, de castigarse al hombre no por lo que hace sino por su condición de hombre. Como explica la STC 150/1991, de 4 de julio, FJ 4ª: “la Constitución española consagra sin duda el principio de culpabilidad como principio estructural básico del derecho penal, de manera que no sería constitucionalmente legítimo un derecho penal “de autor” que determinara las penas en atención a la personalidad del reo y no según la culpabilidad de este en la comisión de los hechos (SSTC 65/1986 14/1988 y otras)“.

Hay jueces que apuntan hacia un número elevado de denuncias falsas, que los niños están unidos a las pensiones y a los pisos, que hay ánimo de venganza en algunas mujeres a las que se les anuncia la ruptura de la vida en común, que la presunción de inocencia no existe para los hombres -la mera denuncia lleva aparejadas medidas cautelares que al ejecutarse se convierten en penas anticipadas-, o que hay un negocio muy lucrativo detrás de todo lo relacionado con la protección a la mujer. Así mismo se cuestiona hasta por el Defensor del Pueblo las múltiples quejas as sobre la intervención de peritos psicosociales de dudosa capacidad, designados por la Administración para ser adscritos a los Juzgados de Familia, sin interesarse de los Colegios Profesionales la elaboración de listas de colegiados como preceptúa el art. 341.1 LEC -ver en este sentido la web www.secuestro-emocional.org .

Llama poderosamente la atención en la Ley 15/2005, de 8 de julio, modificadora del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, que cualquier dato con relevancia penal y que llevaría al Juez de familia a inhibirse a favor del Juzgado de violencia sobre la mujer, va a pesar sobre el régimen de visitas y en la patria potestad que ha de adoptarse. Y en lo referente a la guarda y custodia de los menores, una investigación rigurosa financiada por la Xunta de Galicia sobre 882 Sentencias que la acordaron y efectuada por Ramón Arce, Francisca Fariña y Dolores Seijo, profesores de Psicología de distintas Universidades, reveló que en más del 90% de los casos le fue asignada a las madres, pese a la igualdad de sexos que preconiza el art. 14 CE y la innegable capacidad de los padres para desempeñar dicha tarea, sorprendiendo igualmente el dato facilitado en el informe, de que las decisiones que concedieron la guarda y custodia al padre aparecen perfectamente motivadas y en las otorgadas a la madre prevalece la ausencia de criterio alguno.

Lo más preocupante de todo es que se ha publicado la cifra de denuncias que vienen interponiéndose cada año por supuestos malos tratos -más de 140.000-, dándose datos por el Consejo General del Poder Judicial únicamente de 8.000 o 10.000 casos ¿Qué ocurre con el resto? Desde el Observatorio de Violencia de ese Consejo parece haberse indicado que el 59 por ciento de las denuncias que se presentan son archivadas o sobreseídas ¿Quién repara el honor y el daño hecho a todos ellos?

Es vital hacer un llamamiento a la exegética y a la dogmática para que el derecho penal no sea un mero conglomerado de normas sin el riguroso análisis previo sobre el fin que estas persiguen, los intereses que han de tutelar y el principio de proporcionalidad de las penas que establece. Todo ello con la idea de evitar que como señala la Reglamentación 2001/2339 del Parlamento Europeo para el acoso moral, suceda lo mismo con lo que denunciamos, que las falsas acusaciones de violencia de género puedan transformarse en un temible instrumento de violencia de género.


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